Es la inclusión del ciudadano en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y acciones del Estado, convirtiéndolo en protagonista y gestor de los asuntos públicos.
Hacer auditoría ciudadana sobre el manejo de los recursos, promover la transparencia y el mejoramiento en el desempeño de la gestión pública.
Cumplir el derecho de petición que tiene toda persona o asociación de personas de presentar peticiones a las autoridades, y obtener respuesta en el plazo legal.
Mejorar la calidad de las decisiones en los asuntos públicos, contribuyendo a mejorar la confianza en las instituciones del Estado.
Promover la deliberación, mejorando el procesamiento de la información.
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Debido a diferencias metodológicas y de actualización entre ambos sistemas, pueden observarse discrepancias en las variables de presupuesto, ejecución y unidad ejecutora. Estas variaciones responden a la naturaleza y alcance propios de cada sistema y no deben interpretarse como inconsistencias de la plataforma.